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Sinaloa: historia regional y narcotráfico

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     Ronaldo González Valdés

 A Daniel Sada, a propósito de otras narrativas.

 

 Apenas el 12 de enero de este año, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia informaba que Mazatlán y Culiacán se ubican entre las diez ciudades más peligrosas del mundo (lugares 8 y 9 respectivamente), considerando la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes ocurridos durante un año. Esta noticia dio la vuelta al país y al mundo poniendo en valor, ¡de nuevo!,  la necesidad de pensar de otras maneras la agenda del combate al narcotráfico en todas partes, no sólo en Sinaloa y México (el mismo reporte indica que, con Ciudad Juárez a la cabeza, casi la cuarta parte de las cincuenta ciudades localizadas en este casillero corresponde a nuestro país).

En esta materia, sin embargo, hay que hacernos cargo del dictum que nos recuerda que lo arquetípico es lo estereotípico. Y  ya se sabe que el estereotipo sigue insistiendo muy campante en que Sinaloa es la cuna del narcotráfico en México, digo, por eso es estereotipo: porque algo o mucho contiene de real y verdadero (ahí están los datos que muestran lo fecunda que ha resultado la matriz regional cuando de parir violencia se ha tratado). No está de más entonces ensayar un ejercicio de reconocimiento histórico del tema en la mejor tradición historiográfica occidental, esto es, asumiendo al hecho histórico como hecho en cuya realidad se encuentran y superponen temporalidades, espacios y niveles de causalidad de muy diversa naturaleza. De paso, quizá este vistazo trascienda la mera intentona de urbanidad ensayística para sugerir un contexto más amplio de comprensión y abordaje de este crudo, espeso y complicado fenómeno.

 

El “romanticismo” sinaloense: una hipótesis metafísica

Los pueblos asentados en lo que hoy es Sinaloa fueron, en la época prehispánica, comunidades con muy escaso desarrollo civilizatorio: cazadores, recolectores, guerreros, con las incipientes excepciones de tahues y totorames. La conquista, en esta parte del Septentrión, fue más bárbara y aniquilante que en el altiplano central o el sur de México. Fue casi aniquilación más que conquista. En tal sentido, como diría Foucault, estas regiones quedaron efectivamente marcadas como provincia: provincere, región vencida, sojuzgada, reducida.

Luego en la Colonia, después del paso de la conquista militar a la labor evangelizadora y de reorganización social, cultural y económica de los jesuitas y el modelo misional que medio incorporó a los indígenas a formas de organización más o menos modernas u “occidentales”, quedaron impresas dos huellas definitorias: el habla hispana y la religión católica. Pero se trató, otra vez, de un capítulo trunco, inconcluso: con la expulsión de la Compañía de Jesús y la implantación de las reformas borbónicas en la segunda mitad del siglo XVIII se fortalecieron formas de producción (caso ejemplar el de la minería) y de organización social y política contrarias a las tradiciones comunales y comunitarias de los grupos aborígenes de aquellos lares (ya de por sí diezmadísimos por la explotación laboral y las enfermedades). Como consecuencia de la desagregación social y cultural que trajeron consigo los primeros intentos modernizadores, la revolución de Independencia tomó a Sinaloa fuera de ruta, rezagado dentro del rezago nacional, fuera de los cauces de la Gran Historia Nacional, en la intemperie espiritual, geográfica, económica y política. Sinaloa, como ha escrito Adrián López, arribó al siglo XIX solo y huérfano (López Ortiz, 2007: 34).

Más tarde, la Reforma y la Revolución lograron fijar un propósito modernizador liberal que, en el primer caso, estaba condenado a su frustración (en tanto proyecto nacional, es decir, más allá de sus alcances particulares en lo relativo, por ejemplo, a la secularización de la sociedad y el Estado mexicanos) por su carencia de anclajes en el sustrato histórico profundo del país y la región; mientras que, en el segundo caso, ese propósito se extravió en las contradicciones de un nacionalismo proteccionista, cada vez más inoperante en un mundo que demandó crecientemente aperturas en todos sus flancos. Ni la Reforma ni la Revolución institucionalizada redujeron, más que muy relativamente, la franja de la marginación, la distinción sociocultural, la división y la desigualdad económica.

A las paradojas comunes a la modernidad occidental (sobre todo europeas), referidas a las contradicciones inherentes al mercado, al Estado y la democracia modernas, a las paradojas que han acompañado a la modernidad latinoamericana y mexicana, concernientes a la brutalidad de la conquista, el desplazamiento y la subordinación cultural, el sometimiento, la exclusión y, después, ya con los mercados nacionales en marcha, los términos desiguales del intercambio, hay que añadirles las muy particulares que han distinguido a la modernidad sinaloense, y que se han conjurado en torno a una conclusión vasta y abrumadora: en ninguno de sus diferentes períodos históricos Sinaloa ha logrado culminar sus ciclos civilizatorios.

En este contexto, un estudioso sinaloense, Carlos Calderón Viedas, ha propuesto una sugestiva caracterización de su contemporaneidad. Atenido a consideraciones de distinto orden (desde las culturales hasta las geográficas), Calderón apunta: “No fue casual, entonces, que la vocación productiva del estado estuviera ligada a las actividades relacionadas con la explotación de los recursos primarios, como la minería, agricultura, ganadería, pesca, y que otras actividades, como el comercio y la industria, surgieran de la matriz formada con la providencial relación entre el hombre y su entorno natural. Una especie de destino manifiesto –concluye el autor- del que sólo pudo eludirse el sector de los servicios, cuya mayoría de edad alcanzó varios siglos después” (Calderón Viedas está aludiendo a la edad temprana de Sinaloa, a sus características naturales originales y originarias: su fecundo litoral, sus fértiles valles, su sierra rica en metales preciados, etc., como virtuales determinantes de una vocación económica). De aquí el autor colige una conjetura que bien podríamos denominar “hipótesis metafísica” en el mejor sentido de la palabra: los sinaloenses son seres elementales, básicos, en principio, por una suerte de fatalidad histórica. Su relación con la naturaleza física, con los “medios de producción” hubiéramos dicho años atrás, los determina y determina también su relación con sus semejantes. Económica y culturalmente hablando, no han incorporado extras, plus, valor agregado a sus producciones materiales y simbólicas. No han incorporado valor agregado a sus vidas. Su concepción del mundo  y el tiempo es simple, circular, cíclica como los tiempos de la agricultura.

A esto hay que sumar las ideas sostenidas por los pensadores sinaloenses (por nacimiento o por adopción) de la generación antecesora en la ronda de las generaciones intelectuales en la región: Juan Macedo, Arturo Murillo, Antonio Nakayama y, destacadamente, Enrique Félix Castro, “El Guacho”[1], de quien Calderón espiga la definición del sinaloense como un ser de temperamento romántico, más llevado por la pasión que por la razón, por el corazón que por la mente, por la emoción que por el pensamiento. Cito a Calderón in extenso: “Cuando el espíritu racional llega a México, todavía la mezcla de las culturas no había sedimentado. Seguía en ebullición. El único derrotero que el nuevo pensamiento tenía frente a sí, era originar un pensamiento evolucionado y romántico. El sinaloense encaró el cambio liberal moderno a su modo. Con una reacción propia de su juventud como pueblo. Vivió la nueva etapa con el corazón en la mano, sincero, lleno de emociones, exaltado por sus sentimientos, como mandaba su fogosa edad (…). Esta es una razón de la turbación con que el sinaloense asumía los cambios modernos, haciendo mayor caso a las reacciones de su sentimentalismo juvenil que a la madurez de la razón. Debido a las peculiaridades del primer impulso, el sinaloense forjó una personalidad indiferente al desarrollo de las ciencias, desdeñosa de la cultura literaria y ajena al cultivo de las artes. Troqueló, en cambio, un carácter fuerte, franco y emprendedor, pero dominado por la pasión, cuyo desahogo bien se iba por medio de los desplantes de una personalidad extrovertida, o bien quedaba contenido en el interior como energía sofocada” (Calderón Viedas, 2007: 165).

Y entonces, siguiendo al historiador Nakayama, Calderón puede comprender los rasgos dominantes en la personalidad del sinaloense: ruidoso, echón, explosivo, echado pa’ delante, proclive a las catarsis violentas, como las calificó don Antonio Nakayama desde los años cincuenta. Todo lo cual permite entender su poco aprecio por las leyes, por la esfera convencional de la vida, por las normativas morales explícitas, lo que aplica para todos los estratos, al margen de su situación económica, y lo vuelve propenso, por lo tanto, a la efusión violenta, a la creación de códigos alternativos de reglamentación moral, al ejercicio del ilegalismo (narcotráfico incluido).

 

De los cuarenta a los sesenta: una modernidad interrumpida

Quizá por esto la versión sinaloense del  Milagro mexicano no prosperó como se esperaba. Por esto y por el advenimiento del narcotráfico (situaciones que acaso corrieron, como se dice, “juntas con pegadas”).  Gracias a las grandes obras hidráulicas construidas a partir de los cuarenta del siglo pasado y a un sostenido crecimiento demográfico, la entidad empezó a ponerse a tono, para bien o para mal, con la curiosa modernidad nacional.  Fueron los años de la presa Sanalona en Culiacán, la Miguel Hidalgo sobre el río Fuerte y la Adolfo López Mateos sobre el Humaya; del descubrimiento de la riqueza del litoral sinaloense, de la industria pesquera y naviera; del despegue agrícola, particularmente de la horticultura, y la consolidación de organizaciones como la Asociación de Agricultores del Río Culiacán y la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (en 1940 el valor de lo producido en el valle de Culiacán fue de 19 millones de pesos, en tanto que en 1957 la producción agrícola estatal alcanzó un monto de 442 millones de aquellos pesos); fueron los años del Banco Agrícola de Sinaloa, el Banco del Noroeste de México y el Banco Provincial de Sinaloa otorgando el 60% del total de sus créditos a la agricultura en los cincuenta; los años, en fin, en que Sinaloa pasó de 492,821 habitantes en 1940, a 838,404 en 1960.

Pero llegaron los años sesenta y con ellos otra época, otros movimientos. Fue entonces que sobrevinieron los conocidos episodios del conflicto político-electoral en el Culiacán de 1965, confrontando al Gobernador Leopoldo Sánchez Celis con Carlos Madrazo y su ensayo democratizador; la lucha cívica del Frente de Defensa Popular; el movimiento universitario de los setenta y su secuela radical en esa misma década; los conflictos agrarios de 1975 y 1976; los movimientos electorales de 1986 en el municipio de Ahome y de 1989 en Mazatlán y Culiacán; los movimientos urbano-populares de comienzos de los ochenta en la zona centro-norte del estado, además de los de pescadores y agricultores ya en los noventa. Ciertamente, fue muy poco después del celebrado milagro agrícola que la sociedad sinaloense sufrió una severa desagregación simbólica, normativa y moral. Una desagregación que la sumió en un pasmo anómico del que todavía no ha alcanzado a salir por completo. No bien repuesta de las tempestades demográficas y económicas de esas fechas, con sus sabidas connotaciones colectivas, cayó de improviso sobre ella el chubasco terrible del narcotráfico. La nueva vegetación pública, moral e institucional no florecía aún, cuando fue colmada, anegada de nuevo por la tumultuosa avenida del arroyo del narcotráfico y su fango subcultural.

Lo que ha sucedido desde entonces es conocido. La inusitada explosión demográfica (de 838,404 habitantes en 1962, se pasó a 1’578,939 en 1975, es decir, la población prácticamente se duplicó en menos de 13 años), la migración del campo a la ciudad (en 1962 poco más del 62% de la población residía en comunidades rurales, mientras que en 1975 el 55% habitaba en los centros urbanos)[2], la explosiva demanda de satisfactores básicos y secundarios, la insuficiente capacidad de respuesta gubernamental para atender esta expectativa desbordada y este reclamo no pocas veces multánime, la dependencia del patrón de desarrollo agrícola monoexportador, a todo lo cual se sumaron con particular vigor el narcotráfico y sus desprendimientos simbólicos, entre otros hechos, modificaron la fisonomía citadina, crearon sincretismos, propiciaron el surgimiento de otras pautas de conducta, dejaron atrás el bucolismo parroquial, subvirtieron el edén provinciano y obligaron a Sinaloa a verse ante un espejo que le devolvía una imagen extraña, ajena a aquella en que se reconoció tantas mañanas campiranas con flores de amapola en los jardines y mujeres regando calles polvorientas. A esta tierra y a su gente les pasó lo que al yo poético de Gilberto Owen en Sinbad el Varado: Esta mañana te sorprendo con el rostro tan desnudo que temblamos…

 Sinaloa se vio de pronto más huérfano que nunca. Esta orfandad fue, sin duda, determinante para la incorporación de los “modos” del narcotráfico en significativos y diversos grupos de la sociedad, con toda su muy conocida (casi diría publicitada), y no por difusa menos efectiva impronta en la vida social, el lenguaje, las formas de vestir, de mostrarse y de demostrarse, en el performance, en suma, de actuación ordinaria del sinaloense de los setenta a nuestros días. Está claro sin embargo que, con todas sus particularidades, el estado vivió situaciones de desequilibrio comunes a otras regiones de similares condiciones e historias en el país. Lo específico de su problemática le ha llegado del narco. ¿Cómo se originó este problema? ¿De dónde y cómo llegó para arrullarse en la cuna de la serranía sinaloense y desplegarse robusto por buena parte de México?

 

Los chinos, la Segunda Guerra Mundial… y la jícara

De acuerdo con Luis Astorga,  “con la llegada de los chinos a principios de siglo (veinte) se introducen el cultivo de amapola y el consumo y tráfico de opio en Sinaloa” (Astorga, 1991: 3). Otra información consigna: “El historiador Herberto Sinagawa Montoya documenta la llegada de grupos numerosos de chinos a Sonora y Sinaloa como una forma de huir de la explotación a que fueron sometidos en las minas de cobre de Santa Rosalía, Baja California Sur, a donde fueron llevados en 1885 por la empresa francesa Compagnie du Boleo. ‘Ellos trajeron la semilla de amapola, la sembraron en sus huertos y el producto lo destinaron a su uso personal (…) la mayoría se encerró en sus sórdidas madrigueras para satisfacer un vicio muy arraigado que se transmitía de padres a hijos en la patria lejana y pobre’. El control de los productos que ‘degeneran la raza’ comenzó bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles, quien expidió un decreto en 1925 en que fijaba las bases para la importación de opio, morfina y cocaína, entre otros. En 1926 el Código Sanitario prohibe el cultivo y comercialización de mariguana y adormidera (…). Hacia 1927 se desataron encarnizadas campañas antichinas. Acusados, entre otras cosas, de ser opiómanos, la mayoría de los chinos fueron expulsados del país. Los que lograron permanecer se recluyeron en guettos situados en donde era más difícil ser encontrados: los intrincados terrenos de la sierra, donde su adicción al opio se recrudeció a la vez que su rencor. Tal vez se cobraron a lo ‘chino’. Narra Sinagawa: ‘Pronto el cultivo de la amapola se hizo ya con fines de comercialización ante una demanda cada vez más fuerte por la Segunda Guerra Mundial; y luego ciertos chinos asesoraron a campesinos sinaloenses pobres para la explotación de la amapola a gran nivel. La amapola se convirtió en el recurso más socorrido de quienes, flagelados por miserias ancestrales o estimulados por aventureros hambrientos de fortuna rápida, quisieron cobrarse cuentas atrasadas y ascender en la escala social con el lubricante del dinero’” (Luis Enrique Ramírez, “El paso de la Operación Cóndor”, reportaje publicado en El Debate de Culiacán, 7 de junio de 2005).

En esta misma dirección, Antonio Haas recuerda: “La siembra industrial de la amapola se inició en la sierra sinaloense durante la Segunda Guerra Mundial a instancias y con financiamiento del gobierno de Roosevelt, para surtir de morfina a hospitales de las tropas aliadas. Como la producción turca del opio, la única legal, había quedado en manos del Eje, el presidente Ávila Camacho accedió a la medida propuesta por el gobierno de Roosevelt (…). El cultivo generó una bonanza en la región. Los campesinos de la sierra y sus intermediarios nunca habían visto tanto dinero junto. Pero al terminar la guerra, los dos gobiernos acordaron ponerle fin al cultivo. Se les dijo a los ‘gomeros’ (los que producían y exportaban la goma del opio) que volvieran a sembrar su frijolito y su maicito. Pero después de haber probado las mieles de la amapola, ¿a quién se le podía ocurrir que aquellos fueran a soltar la jícara?” (citado por Inzunza, 1990: 25). Menos la soltaron todavía cuando llegaron compradores norteamericanos, ilegales por supuesto, dispuestos a financiar el cultivo. Esta versión se refuerza con el testimonio de Raúl Valenzuela Lugo, quien aseguraba: “Difícil resulta precisar fechas respecto al inicio del cultivo de la amapola o adormidera en Sinaloa, pero sabido es que en la década de 1940 y 1950 y con motivo de la Segunda Guerra Mundial, se intensifica esta actividad con fines de tráfico en el municipio de Badiraguato, para abastecer de heroína a los estados Unidos” (Olea, 1991: 2-3).

El combate a cultivos prohibidos y al tráfico de drogas comenzó de inmediato. Y también, simultáneamente, dieron comienzo la corrupción y la sistemática violación de los derechos humanos que han acompañado desde siempre a la lucha contra el narcotráfico. Raúl Valenzuela sigue ilustrando: “Hay que señalar que la ilícita actividad empezó a ser combatida desde entonces, pero también que los mismos jefes de esta campaña, venidos de la ciudad de México, fomentaron tales actividades fijando un tributo a los campesinos, primero en especie, según la importancia de la comunidad, y en años subsecuentes en efectivo”. Tal es el inicio de la triste “leyenda negra” que pesa sobre Sinaloa.

Aunque discreto en su nacimiento, y todavía sin las consecuencias que posteriormente tendría, el cultivo y la comercialización de enervantes fue motivo de preocupación desde esos años. Ya en el tercer informe del gobernador Pablo E. Macías Valenzuela, en 1947, se advertían algunas medidas extraordinarias tomadas por su administración para combatirlo, al incorporar a la “Policía Federal en la destrucción de plantíos de adormidera y en la persecución de los traficantes de opio”. Sin embargo, esta actividad no se consideraba como causal significativa de criminalidad; aún más, en el mismo informe se reconocía “una disminución de la criminalidad (que)  felizmente comprende a los delitos más graves como: homicidios, lesiones y robos”, destacando por su incidencia los municipios llamados a ocupar los primeros lugares en estos renglones: Culiacán, Mazatlán, Guasave y Ahome, con 351, 244, 152 y 129 hechos delictivos respectivamente (todas las referencias a informes de gobierno de 1947 a 1993 fueron extraídos de la consulta en el archivo del H. Congreso del Estado de Sinaloa).

 

Golpes efímeros, transgresiones recurrentes

Poco después, empero, el panorama cambiará drásticamente. Sinaloa dejó de ser lugar de siembra para convertirse, además, en una entidad exportadora, de distribución, consumo y trasiego de drogas hacia Norteamérica. De entrada, esto impuso a la economía regional un crecimiento deformado y dio lugar, en consecuencia, a notables cambios en la mentalidad colectiva y las costumbres en sólo diez o quince años. En todos sus informes de gobierno, de 1963 a 1968, a diferencia de lo que ocurría todavía durante la gestión de Gabriel Leyva Velázquez, el gobernador Leopoldo Sánchez Celis hizo referencia al problema, dando cuenta de las campañas contra el pistolerismo (las famosas destrucciones públicas de armas) y los decomisos de drogas con sus respectivas consignaciones. En su último informe, en 1968, Sánchez Celis declaraba: “Se destruyeron 14 mil 40 armas de fuego y 14 mil 180 armas blancas (…). En colaboración permanente con la Novena Zona Militar, el Gobierno del Estado decomisó este año 6 toneladas 500 kilos de mariguana y opio puro. Se destruyeron cincuenta hectáreas de sembradíos de mariguana y amapola. Se detuvieron y consignaron ante el C. Agente del Ministerio Público Federal a 95 personas por delitos contra la salud y posesión de enervantes. En mi gobierno, la Policía Judicial del Estado decomisó 28 toneladas de mariguana y 13 kilos 575 gramos de opio puro. Destruyó 81 hectáreas de mariguana y cinco hectáreas de amapola. Por los delitos en contra de la salud y posesión de enervantes, se detuvieron y consignaron 487 personas”.

Con Alfredo Valdez Montoya la cosa siguió igual: el tema del narcotráfico estuvo presente en cada uno de sus informes gubernamentales. Y, lo que es más, unos cuantos años después se hacían bien claros sus efectos entre la población juvenil. En 1974, este gobernador informaba lo que nunca antes, ni con Leyva Velázquez ni con Sánchez Celis, había sido motivo de mención: “Ingresaron al Consejo Tutelar de Menores –informaba Valdez Montoya- 4 mil 500 jóvenes, de los cuales 3 mil 900 son varones y 600 mujeres. Las causas más importantes de ingreso fueron: farmacodependencia, 24 por ciento, robo, 24, y vagancia 19 por ciento”. Por supuesto, hay que considerar el estilo de gobierno imperante en aquellas fechas, la falta de sensibilidad para buscar salidas políticas a los agravios que habían sufrido las jóvenes generaciones de mexicanos y sinaloenses de los sesenta y setenta. Un año antes, en 1973, a propósito del conflicto universitario local, el mandatario había sentenciado: “De manera muy especial acentuaremos nuestra acción preventiva y correctiva, para evitar hechos delictuosos de seudorredentores que sólo son delincuentes del orden común, que con banderas que no tienen, ni sienten, ni mucho menos les corresponden, han tratado de crear el caos y la anarquía en el medio rural y urbano. Como sinaloenses, repudiamos la violencia y los hechos vandálicos. Como gobernantes, no toleraremos retos, intimidaciones ni chantajes”.

Independientemente de la situación social del momento, lo cierto es que el narcotráfico inundaba todos los poros de la sociedad regional. El enfoque represivo y penalizador norteamericano fue adoptado en general (por las razones que fueren) por las autoridades mexicanas. Así, la llamada Operación Cóndor, emprendida por el gobierno federal durante el mandato de Alfonso G. Calderón en Sinaloa, siendo Secretario de la Defensa Nacional el general Félix Galván López y Procurador General de la República Óscar Flores Sánchez, tuvo consecuencias encontradas. Por una parte, los narcotraficantes fueron duramente golpeados, pero, por otra, los derechos humanos fueron igualmente violados de manera flagrante por el ejército y la Policía Judicial Federal. Estas violaciones fueron denunciadas en detalle por el Colegio de Abogados Eustaquio Buelna de Culiacán, con base en un estudio que recogió los testimonios de 457 reos acusados de delitos contra la salud, internos en el Instituto de Readaptación Social de Sinaloa (IRSS), durante los meses de marzo y abril de 1978. En el estudio se consignaba que el 85 por ciento de los reclusos estaba integrado por campesinos jornaleros de escasos recursos y el resto por habitantes urbanos en su mayoría jóvenes. Dato revelador, entre otros, de los abusos a que daba lugar el combate al ilícito en aquel tiempo (La Operación Cóndor, 1981).

Luis Enrique Ramírez alude a esto mismo al referir que, en esos días, “El juez de distrito José Galván Rojas señalaba un incremento súbito de 80 por ciento en las solicitudes de amparo a raíz de la Operación Cóndor. La causa: arbitrariedades en las detenciones. Los acusados: la Policía Judicial Federal, el comandante de la Novena Zona Militar, la agencia del Ministerio Público dependiente de ese juzgado y el comandante de dicha operación (…). Lo cierto es que el efecto de la Operación Cóndor  determinó la desaparición de cerca de 2 mil comunidades en la sierra, de acuerdo con un comparativo entre el censo de población de 1970 y el de 1980, realizado por el ombudsman sinaloense Óscar Loza Ochoa. No existía todavía noción amplia de los derechos humanos –concluye Ramírez-, pero el Frente Local Contra la Represión recibió muchas de las quejas de quienes emigraron a las ciudades para engrosar los problemas urbanos” (en El Debate de Culiacán, 7 de junio de 2005).

Se percibían como controvertibles, por lo mismo, las afirmaciones de Calderón Velarde en 1977: “Considerando que este fenómeno desquiciante ha sido y es propiciado por la producción, tráfico y consumo de estupefacientes, en respuesta al clamor social el Gobierno de la República a través de la Procuraduría General implementó la Operación Cóndor, que en dos etapas y con el apoyo de la Novena Zona Militar, la Zona Naval y los Cuerpos de Seguridad del Gobierno del Estado ha venido actuando en los vértices de los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango, con resultados altamente satisfactorios (…). En términos generales podemos afirmar que el estado de Sinaloa, pasada la crisis de irritabilidad social que lo afectó, ha entrado de lleno a una etapa en la que la violencia ha cedido paso a la tranquilidad, al imperio de la ley, a la desaparición del temor y a la recuperación de la confianza de su ciudadanía, y del prestigio que se le reconoce como entidad agrícola de amplios y abundantes recursos naturales”. El golpe al narcotráfico, aunque resonante, era momentáneo (el gobernador Antonio Toledo Corro reiterará en 1986, con todo y la promoción del programa llamado “Alianza para la Justicia”, la alusión al “cáncer del narcotráfico”), las transgresiones al estado de derecho, en cambio, se volvían día con día más recurrentes.

Este es el marco en que nace y se afinca en Sinaloa la “narcocultura”. La percepción de la gente se dividía; se tornaba, por lo menos, confusa: las leyes representaban (y, en cierto sentido, siguen representando) el código ético del gobierno y la sociedad convencional; los corridos que celebraban (y siguen celebrando) a los narcos y sus enfrentamientos con las fuerzas policiacas y militares constituían (y, también en cierto sentido, siguen constituyendo) el código de otra parte del conglomerado social que lo transmitía (y lo sigue transmitiendo) con una eficacia digna de mejor causa. El estigma condenatorio se volvía emblema de prestigio y reconocimiento. En esta contienda de códigos éticos, sustentada en un circuito oculto de relaciones sociales, se ponía entre paréntesis la violencia legítima en manos exclusivas del Estado. Desde entonces, los sucesivos episodios de la conflictiva social estarán marcados por esa práctica, sus causas y secuelas económicas y sus simbolismos.

 

Del narcotráfico a la narcocultura

Efectivamente, la narcocultura ha dividido la percepción de la gente en dos: la percepción convencional y la percepción informal. La primera tiene que ver con la pretensión de monopolizar una visión del mundo fundada en el derecho y las reglas “aceptadas”, y la segunda (lo que en sentido estricto se conoce como narcocultura, pieza fundamental de la subcultura de la violencia en la región), con una híbrida construcción simbólica de la realidad que consagra a los narcotraficantes como los héroes de una significativa franja de la población: como los héroes, vale decir, pero también como los líderes y jefes “deseados” por una parte nada despreciable de la sociedad. Basta pasar revista a las letras de los corridos de los setenta hasta los días que corren para caer en la cuenta de que la representación del narco cambió, pasó, por así decirlo, de lo casuístico a lo causístico:  qué va o qué ha ido de “Camelia la Texana”, entrañable-asesina-de-Emilio-Varela-el-amor-de-su-vida, al culto que se rinde, así sea auditivo nada más, al “Jefe de jefes”, elogio del capo de una mafia organizada racionalmente, dadora y quitadora de “plazas”, prestigios, bienes y vidas: Soy-el-Jefe-de-jefes-señores-me-respetan-en-todos-niveles (Cfr. Valenzuela Arce, 2002; Tinajero, 2004; Mondaca, 2004).

Ya se ha dicho: los bandoleros sociales y los héroes revolucionarios fueron sustituidos en el imaginario colectivo (rural y urbano) por los narcotraficantes. La investigadora suiza Helena Simonett explica: “Inspirado en los líderes revolucionarios y sus campañas, surgió un enorme cuerpo de folklore que, a su vez, sirvió de tierra fértil para la cultura popular, el cine y la música (…). Aunque fue la Revolución la que generó la imagen del hombre valiente, las baladas y las historias de los héroes ya eran parte, desde tiempo atrás, en las décadas de 1910 y 1920, del folklore mexicano (…). La mayoría de estos hombres murieron por sus ideales de justicia social (por ejemplo Heraclio Bernal) y, por tanto, son de algún modo los precursores de los revolucionarios (…) (Es por ello que) durante períodos de insurrección y reforma el ilícito puede ser concebido como una acción legítima y permisible; por lo tanto categorías tales como bueno/malo o correcto/incorrecto no son necesariamente antípodas, y esta misma ambivalencia también se aplica a una actitud común hacia el tráfico de drogas. Las categorías éticas no son tan fijas como se cree a menudo”.

A propósito del mítico ejemplo de Jesús Juárez Maso, mejor conocido como Malverde, el bandido generoso, Simonett sigue comentando: “La mayoría de estos hombres (narcotraficantes) lucen gruesos medallones sobre su pecho con la imagen de Malverde, junto a la medalla de la Virgen de Guadalupe y del Jesús crucificado. Aunque Malverde fue en su origen el héroe de los pobres, mucha gente rica lo venera también. Especialmente los nuevos ricos, de quienes se sospecha que no sólo le rinden culto, sino que buscan identificarse ellos mismos con el bandido generoso. Sus proezas son conocidas en Sinaloa como narcolimosnas, trabajos sociales para la caridad de la droga. Los narcos, apócope de narcotraficantes, a veces fían dinero, permitiendo el acceso de diversos servicios y mercancías en las zonas rurales. Algunas comunidades distantes de la sierra muestran evidencia de la narcocaridad: caminos pavimentados, escuelas y hasta hospitales que no han sido financiados por el gobierno. Debido a su generosidad, muchos narcos son respetados y gozan de un alto prestigio social y de una buena reputación en sus regiones natales. Ante los ojos de los pobres rurales, estos modernos bandidos estilo Malverde pueden llegar a adquirir, inclusive, la posición mítica del héroe del pueblo” (Simonett, 2004: 219-225).

Por eso también se ha creado una suerte de aura alrededor de los grandes delincuentes, sobre todo de los narcotraficantes que, no sin impostura, ellos mismos asumen con indisimulado orgullo. No hace mucho tiempo, ya en prisión, Rafael Caro Quintero, ejemplo paradigmático de ese ilegalismo tan celebrado en los últimos años, declaraba a la prensa nacional: “Los campesinos son pura gente noble, como lo soy yo y mis compañeros y el señor Ernesto (Fonseca) y como toda su gente. Somos pura gente que ayudamos a México, o sea, que hacemos escuelas,      que ponemos clínicas, que metemos la luz a los ranchos, agua potable. Lo que no hace el gobierno lo hacemos nosotros. No lo hacemos con ningún fin de obtener algo por eso, ni porque nos tome en cuenta todo el mundo. Nada más porque nos sentimos bien nosotros mismos” (varios autores, 1992: citado por Carlos Monsiváis, p. xx). Más recientemente, Concepción Loera, madre de Joaquín el Chapo Guzmán, a propósito de la famosa fuga de su hijo del penal de Puente Grande, declaraba a la prensa: “Que tomen en cuenta que si él salió de ahí fue porque Dios puso los medios para que saliera (…) y el mejor juez le dio la libertad y no deben seguir molestándolo” (en el periódico Noroeste de Culiacán, 19 de julio de 2005).

De la otra cara de la moneda, digamos, como dato empírico que habla por sí mismo, que apenas a mediados de 2010 una encuesta realizada por la firma Parametría, revelaba que un 43 por ciento de los sinaloenses piensa que los capos de la droga o quienes se dedican al narcotráfico “generan progreso en las comunidades donde viven”, mientras que a nivel nacional sólo el 33 por ciento de los mexicanos coincide con esa opinión; en tanto, un 44 por ciento de sinaloenses considera que si el narcotráfico no produjera violencia sería una actividad benéfica para el estado, cuando solamente un 27 por ciento de los mexicanos está de acuerdo con dicha conclusión (periódico Noroeste de Culiacán, 2 de marzo de 2011).

Y bien, ni Rafael Caro Quintero ni Joaquín Guzmán Loera son unos Heraclios Bernales, pero tampoco los jueces y cuerpos de seguridad son los mejores ejemplos de probidad y confiabilidad posibles. Una situación supone, de algún modo, a la otra. Hay que decir, en congruencia, que tan denigrante (en este caso autodenigrante) es la apología de los narcotraficantes como denigrante es la impunidad que ha prohijado esa desconfianza social en las instituciones y los programas de gobierno en materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia. El tema de la violencia tiene que abordarse desde una óptica global. Sus causas profundas deben buscarse en el desequilibrio regional y en la historia, lo mismo que en las distorsiones económicas y culturales que han dado lugar al quiebre del principio de autoridad y las representaciones más o menos consagradas en los diferentes órdenes de la vida social, empezando por la familia misma y siguiendo con la escuela, las figuras públicas y la erosionada legitimidad de los gobiernos. No hacerlo así puede conducir a interpretaciones maniqueas e interesadas que sólo sirven para encubrir incapacidades y para justificar la arbitrariedad y los desmanes que aún padecen nuestras sociedades regionales, lo mismo en el ámbito mediático que en el público y, sobra decirlo, en el propiamente delincuencial.

 

Hacia una nueva narrativa del narco y la violencia

Desde hace rato, autores como Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda han señalado la pertinencia de transitar hacia una nueva narrativa del narcotráfico y la violencia que le acompaña. Los ensayos publicados por Fernando Escalante Gonzalbo en la revista nexos (“Homicidios 1990-2007” y “La muerte tiene permiso: homicidios 2008-2009”, septiembre de 2009 y enero de 2011 respectivamente) desnudaron esta necesidad: ni los medios ni el gobierno se han hecho cargo profesionalmente del asunto. En ambos casos se ha partido de la premisa de que el narco y sus muertes están ahí sin más, se diría que actuando, casi casi, por la mera astucia de una malvada razón oculta.

Como lo han comentado ya varios estudiosos, los resultados de la investigación hecha por Escalante (sobre todo en su segundo ensayo) obligan también a los académicos a asumir una responsabilidad en el tema. ¿Por qué la violencia se ha regionalizado y, en buena medida, hasta municipalizado? Claudio Lomnitz tiene razón cuando sugiere que “para construir las explicaciones que requerimos es necesario pasar por la investigación etnográfica”, toda vez que “Hasta ahora los funcionarios han justificado sus políticas a partir de una mezcla de estadísticas desordenadas y de anécdotas de la prensa”, en tanto que los diagnósticos que se demandan implican “estudios detallados e intensivos de contextos específicos” [“¡Exijo una explicación! (¡plop!)”, nexos 398, febrero de 2011].

Acaso no sobre, en tal sentido, ensanchar un poco la mirada: dar al contexto específico un telón histórico de fondo. En el caso de Sinaloa, vale la pena volver los ojos a su secular carácter de sociedad demediada, a la manera en que se ha configurado una personalidad colectiva poco compleja, más bien elemental y ceñida a una relación muy básica con el mundo natural y humano. En esta perspectiva, Sinaloa puede ser también un buen caso de estudio: el romanticismo tropical de los moradores de esta tierra, su escaso apego a las convenciones normativas, su propensión al ilegalismo –en otros tiempos el bandolerismo social, después la fayuca, hoy el narcotráfico-, sus agravios pendientes con las fuerzas del orden (¡dos mil pequeños caseríos y comunidades serranas desaparecidas durante la Operación Cóndor!) y el arraigo de una subcultura gestada en la matriz regional, interpeladora persistente de los poderes formales, quizá puedan servir de marco a las investigaciones que den paso a una nueva narrativa en esta materia. 

Referencias

ASTORGA, Luis, “Los mitos del narcotraficante en México”, conferencia dictada en el ciclo Narcotráfico, sociedad y cultura, organizado por la Dirección de Investigación y Fomento de Cultura Regional de Sinaloa, diciembre de 1991.

CALDERÓN VIEDAS, Carlos (2007), Huellas de modernidad en Sinaloa, México, Gobierno del Estado de Sinaloa-Fontamara eds.

GONZÁLEZ VALDÉS, Ronaldo (2007), Sinaloa: una sociedad demediada, México, Juan Pablo editores.

INZUNZA CERVANTES, Melchor, “Lo que el narcotráfico nos dejó”, en Diálogo Nacional, suplemento del periódico El Nacional, México, 13 de noviembre de 1990.

LÓPEZ ORTIZ, Adrián (2007), Ensayo de una provocación, Culiacán, Dirección de Investigación y Fomento de Cultura Regional.

MONDACA COTA, Anajilda (2004), Las mujeres también pueden: género y narcocorrido, México, Universidad de Occidente.

MONSIVÁIS, Carlos, “El caso del horrorosísimo hijo que con tal de no matar a su horrorosísima madre leía la horrorosísima nota roja”, prólogo de Fuera de la ley/La nota roja en México. 1982-1990, México, Cal y Arena, 1992.

OLEA, Héctor R., “La injusta leyenda negra”, en El Suplemento, Dirección de Investigación y Fomento de Cultura Regional. Culiacán, 8 de diciembre de 1991.

TINAJERO MEDINA, Rubén y María del Rosario Hernández Iznaga (2004), El narcocorrido: ¿tradición o mercado?, México, Universidad Autónoma de Chihuahua.

SIMONETT, Helena (2004), En Sinaloa nací: historia de la música de banda, México, Asociación de Gestores del Patrimonio Histórico y Cultural de Mazatlán A.C.

VALENZUELA ARCE, José Manuel (2002), Jefe de jefes: corridos y narcocultura en México, México, Plaza y Janés.

VALENZUELA LUGO, Raúl, “El cultivo del opio en Badiraguato”, en revista Presagio, núm. 26, Culiacán, Sin., agosto de 1979.

VARIOS autores (1981), La Operación Cóndor, México, ed. Proceso.

 
          


[1] Las ideas de estos autores están expuestas en la siguiente bibliografía mínima: Macedo López, Juan, Antología, Universidad Autónoma de Sinaloa, México, 1985; Murillo M., Arturo, Los años no bastan, Costa-Amic, México, 1978; Nakayama Arce, Antonio, Sinaloa: un bosquejo de su historia, Universidad Autónoma de Sinaloa, México, 1983, y Entre sonorenses y sinaloenses: afinidades y diferencias, Dirección de Investigación y Fomento de Cultura Regional, Sinaloa, México, 1991; Félix Castro, Enrique, Evolución tardía de la provincia, Universidad Autónoma de Sinaloa, México, 1985.

 

[2] Todos los datos de este apartado se tomaron de González Valdés, Ronaldo, Jesús F. Pérez López, Jorge Verdugo Quintero y Francisco Padilla Beltrán, “Sinaloa. Época moderna”, en Jorge Verdugo Quintero (coord.), Historia de Sinaloa, tomo II, Secretaría de Educación Pública y Cultura, Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa y Dirección de Investigación y Fomento de Cultura Regional, Sinaloa, México, 1997.

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